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[16] Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a analizar, debido a la inseguridad pública, si procede la implantación de métodos más estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad, presentada por la Diputada Liliana Carbajal Méndez, en nombre propio y de los diputados Luis Gerardo Serrato Castell y Mario Alberto Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Presentado en el Pleno de la Comisión Permanente en el Senado de la República el miércoles 27 de agosto de 2008.
Los que suscriben, diputados Liliana Carbajal Méndez, Luis Gerardo Serrato Castell y Mario Alberto Salazar Madera, integrantes de esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Publica federal, a las secretarias de Seguridad Publica estatales y del Distrito Federal, respecto a la situación de inseguridad publica prevaleciente en el territorio nacional, a efecto de que analice la procedencia en la implantación de mecanismos mas estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad en todos sus niveles, tendiente a garantizar la legalidad e integridad de las instituciones y corporaciones de seguridad pública.
Exposición de Motivos
Hoy día es un problema muy evidente la intromisión de la delincuencia organizada en todos los niveles de las instituciones de seguridad publica, ya sea del fuero federal como del fuero local, por lo que resulta de suma importancia dentro de la lucha que encabeza el ejecutivo federal contra la delincuencia, el que pueda contar en su totalidad con elementos de probada buena reputación, con altos niveles de honestidad, sin vínculos de cualquier tipo con las organizaciones criminales, para realizar un combate frontal en contra de los secuestros y asesinatos que a ultimas fechas han crecido exponencialmente.
Que tomando en cuenta las condiciones de inseguridad que se presentan en algunas entidades federativas y el Distrito Federal, resulta prioritario dar un seguimiento adecuado a la actuación de las autoridades que intervienen en la persecución de los delitos y su vinculación con el Poder Judicial.
No obstante el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad publica, los resultados no son los que la sociedad nacional merece y demanda.
Hoy día, uno de los grandes problemas que enfrenta la ciudadanía es la total desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, ya que éstas se encuentran secuestradas en sus diferentes niveles por la delincuencia organizada, lo anterior resulta de suma relevancia, mas si entendemos que no es sólo el trafico de influencias o las facilidades que tienen algunos líderes de estas bandas delictivas para burlar la ley y actuar bajo el amparo de mandos policíacos coludidos que deploran terriblemente la imagen de la policía en su totalidad, sino también y, aún mas grave, que la delincuencia organizada se encuentre conformada por las mismas personas encargadas de darnos seguridad, es decir que las bandas delictivas se conforman por agentes y elementos policíacos con acceso a información clasificada, vehículos, armamento, uniformes, etcétera, lo cual los pone en una situación muy ventajosa, ya que es equiparable a que el gobierno federal y los gobiernos locales apertrechen al crimen al que tienen que combatir.
Desde hace ya varios años la ciudadanía reclama más seguridad pública, para acabar con la ola de asesinatos y secuestros, por lo que este tema encabeza la agenda política nacional. El alto índice delictivo, principalmente de los relacionados con el crimen organizado, ha obligado al Ejecutivo federal y las diversas esferas de gobierno a realizar diversas acciones de coordinación para combatirlo frontalmente.
La problemática relacionada con la inseguridad pública en el país se ha visto incrementada en algunos estados de la República, debido a la presencia de organizaciones delictivas, cuya actuación da lugar a estimar preocupantes los múltiples y atroces actos de violencia y mas en los que con cada ves más frecuencia se ven coludidos agentes o policías de los cuerpos de seguridad.
En efecto, el índice de inseguridad a que nos enfrentamos como sociedad ha llegado a convertirse en el principal tema de debate en cualquier ambiente social, político o económico, cuestionando en primer plano la función de los órganos de seguridad pública, lo que lo hace figurar como uno de los sectores más desacreditados en el ámbito de la función gubernamental.
En estas diversas acciones se ha invertido una gran cantidad de recursos materiales, técnicos, operativos y humanos; pero resultan innegables las carencias de control de quien conforma esos cuerpos de seguridad. La reiterada intromisión de la delincuencia organizada dentro de los cuerpos policíacos obliga al Ejecutivo a redefinir el esquema y perfil de las fuerzas de seguridad, a fin de contar en lo sucesivo con una policía honesta, cabal, con principios y valores, así como profesional.
Se busca que las instituciones policíacas cuenten con los más altos estándares de calidad y con los mejores elementos para combatir el crimen; que las personas que se integren a las fuerzas de la policías en todos sus niveles sean elementos y mandos con identidad histórica, con elevada preparación, con buena reputación comprobada, con principios, con valores y con vocación de servicio, oficiales que estén a la vanguardia en la técnica, la ciencia y la tecnología, con sentido estratégico, capacidad de liderazgo y visión de futuro; con valores del honor, de justicia, de lealtad, de honradez y de servicio a la patria.
El Ejecutivo federal ha sostenido que las instituciones de seguridad pública sólo se fortalecen con la probidad de sus miembros, con el respeto permanente a su ética y a sus valores, con el orgullo de dar lo mejor de sí mismos en beneficio de la comunidad. Sin embargo ha reconocido que tener una policía preparada, patriota y honesta no es solo importante, sino indispensable para ganar la batalla a la delincuencia, pero no es suficiente, puesto que se requieren controles más estrictos sobre los candidatos que pretenden incorporarse a los cuerpos de seguridad para evitar la intromisión de la delincuencia organizada.
Resulta en extremo reprobable que, de manera continua, se identifiquen vínculos de elementos de la policía con organizaciones criminales y, en muchos casos, que los policías sean los sujetos activos del delito.
El crecimiento de los índices delictivos y la violencia demuestra que existe un grave deterioro dentro de las instituciones competentes en materia de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, es terriblemente reprobable que los hechos de violencia e incremento de los índices delictivos se empiecen a volver normales y cotidianos, que la sociedad empiece a perder la capacidad de asombro.
En razón de lo anterior, es urgente tomar medidas inmediatas, en el ámbito institucional para detener, en principio el incremento de los índices delictivos y avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de seguridad publica que la sociedad demanda y merece.
La coordinación interinstitucional de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno será fundamental para prevenir y atacar los problemas de inseguridad, no sólo del ámbito federal, sino también del local, necesarias para alcanzar los objetivos de depuración, pues recordemos que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y con base en ello pueden coordinarse para implementar los mecanismos idóneos para garantizar la seguridad y tranquilidad pública.
Por lo tanto se propone que se reestructure inmediatamente, a partir de una evaluación objetiva y profunda donde participen senadores, diputados, especialistas de instituciones académicas y de la sociedad civil, de las instituciones de seguridad tanto federal como local.
Se propone crear un centro de evaluación y control a los cuerpos de seguridad para evaluar y mantener en constante preparación y capacitación a los cuerpos de seguridad federal y local, el cual estará bajo la vigilancia y control de diferentes actores políticos y sociales.
La evaluación inmediata de todos los policías, mandos medios, altos y bajos, especialistas, técnicos y personal que labora en dichas instituciones de seguridad tanto del fuero federal como del fuero local.
De una primera revisión a dichas instituciones se deberá destituir de manera inmediata todos y cada uno de aquellos elementos que se encuentren ligados con la delincuencia organizada de manera directa o indirectamente, y se deberán perseguir sus delitos a través de procesos en donde no existan los amiguismos.
La sustitución de funcionarios, a partir de una evaluación objetiva y responsable pero inmediata, de los resultados o limitaciones en sus funciones y en el caso de irregularidades su inmediata destitución y procesamiento ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Por otra parte, y de manera paralela, es necesario recompensar a los buenos elementos de las diferentes instituciones de seguridad pública con el mejoramiento en su calidad de vida, a través de un salario decoroso, estabilidad laboral y opciones de desarrollo profesional, mejorando las condiciones de seguridad social de los policías y agentes, en beneficio de éstos y de sus familiares derechohabientes, a fin de garantizarles que su familia no quedará desamparada en caso de que ellos sufrieran un daño grave en su persona o perdieran la vida en el cumplimiento del deber.
Por lo tanto, se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a que, en el ámbito de su competencia, consideren la posibilidad de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo; así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones, como el modelo implantado por el Ejecutivo federal, a fin de hacer efectiva la garantía de seguridad social de los servidores de seguridad pública y de sus familias.
Por ello, consideramos necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública federal, a las Secretarías de Seguridad Publica estatales y del Distrito Federal, respecto a la situación de inseguridad publica prevaleciente en el territorio nacional, a efecto de que analice la procedencia en la implantación de mecanismos mas estrictos de incorporación de elementos a los cuerpos de seguridad en todos sus niveles.
Segundo. En su momento, que se informe a esta soberanía los acuerdos logrados al efecto.
Dado en la Comisión Permanente, Cámara de Senadores, 27 de agosto de 2008.
Diputados: Liliana Carbajal Méndez, Luis Gerardo Serrato Castell, Mario Alberto Salazar Madera, Nelly Asunción Hurtado Pérez, Felipe Díaz Garibay, Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbricas).♦
