Discursos
[59] Intervención al cuestionar al Lic. Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República en su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 23 de septiembre de 2008.
Señor Procurador General de la República, Don Eduardo Medina Mora:
Hoy por hoy los mexicanos somos victimas de la inseguridad, la violencia y de la impunidad. Es un clamor social el que exige del gobierno terminar con esta situación de zozobra que afecta no sólo la vida cotidiana de las familias sino que pone en riesgo la buena marcha del país.
Los ciudadanos vemos con alarma que se cierne sobre nosotros la sombra de la delincuencia, del consumo de drogas, de la violencia y del secuestro. Estos delitos desgraciadamente se están convirtiendo en un asunto común en nuestras vidas y lo único que encontramos en palabras de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia es que la batalla “se está ganando”.
En la lucha contra la delincuencia que ha emprendido el gobierno, resulta necesario encontrar en las autoridades responsables, claridad en sus respuestas y puntualidad en sus opiniones.
Reconocemos que hay éxitos en el combate a la delincuencia organizada. Los cárteles que operan en México no han salido bien librados en esta guerra. Pero también consideramos que su capacidad de fuego y reacción han golpeado severamente las estructuras policíacas de la República.
No podemos admitir que se dejen ver con tanta claridad la falta de coordinación que existe entre los titulares de las dependencias encargadas de la seguridad y la justicia.
Es claro señor procurador que a 20 meses de iniciada la guerra contra el narcotráfico, la violencia se manifiesta de forma más cruda, atentando incluso contra civiles inocentes.
No cabe duda que, hoy, el problema tiene ya una dimensión globalizada. Las bandas que actúan en nuestro país están relacionadas con organizaciones criminales de otros países. Gracias a nuestra ubicación geográfica los grupos delictivos utilizan las rutas nacionales con el propósito de llegar a la frontera norte y eso ha generado que los movimientos delincuenciales pasen por casi todos los estados de la república, sembrando a su paso temor y nerviosismo en la población.
Las ganancias millonarias en dólares que deja este mercado ilícito de drogas, ha sido y sigue siendo el principal acicate para la proliferación de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita. Con preocupación vemos que la magnitud del problema no sólo ha crecido sino también se ha diversificado. Los patrones de producción, distribución y consumo de drogas y enervantes se han venido transformando, dando paso a nuevas sustancias sintéticas y a la incorporación de un mayor número de consumidores.
Ante la constante amenaza de la inseguridad nos hemos unido con la sociedad civil a través del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, para establecer compromisos que nos ayuden a combatir en nuestros ámbitos de competencia todas las manifestaciones delictivas presentes en nuestro país, y de manera particular el delito de secuestro.
Pero la ya muy lastimada sociedad mexicana sabe que ello no lo va a resolver todo; el problema, en sí, tiene connotaciones más profundas que bien deben exigir llegar al ámbito de la reforma legislativa porque sabemos que el compromiso de todos los servidores públicos que trabajan en las instancias de procuración de justicia, es recuperar la confianza de los ciudadanos. La labor del Estado debe ser percibida por la sociedad de manera positiva entendiendo que, nosotros, somos aliados de los ciudadanos.
Hace unos meses, la LX Legislatura aprobó las reformas constitucionales para establecer en el país un nuevo Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública; indudablemente esta reforma se traduce en una de las más importantes de la historia reciente de nuestra República en materia de justicia; iniciamos con ello una etapa de transformación de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia que permitirá agilizar los procesos penales, actuar con transparencia, imparcialidad y honestidad, garantizar los derechos de las víctimas y reforzar el combate a la delincuencia. La experiencia de otros países nos hace ver que no será una tarea fácil. Enfrentaremos inercias y resistencias, particularmente de quienes ahora lucran con la justicia y realizan prácticas negativas que obstaculizan la buena impartición de justicia.
Por todo esto señor Procurador quisiéramos que usted nos dijera:
- Si efectivamente se ha descuidado el combate al secuestro en esta administración por dar prioridad al combate al narcotráfico, qué tanto ello denota una falta de coordinación interinstitucional y, desde luego, nos hable de los saldos que hasta ahora arroja la lucha contra el narcotráfico.
- Dado el carácter global el problema del narcotráfico, ¿Cuál es su diagnóstico sobre la transformación de los patrones del narcotráfico en los países donde las bandas delincuenciales locales actúan o tienen alguna participación?, y
- ¿De qué manera impacta a la Procuraduría General de la República y sus distintos órganos, la puesta en vigor de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, en el aspecto presupuestario como en su funcionamiento y en su manera de ver esa eficiencia y eficacia en la impartición de justicia ya tan exigida por los ciudadanos?
Le agradezco su atención.♦
