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[233] REFORMA POLITICA NO ES REFORMA DEL ESTADO
Felipe Díaz Garibay
Columna "Una voz en el silencio", semanario "Noticias Cuarto Poder" de Sahuayo, Michoacán, México, domingo 20 de diciembre de 2015.
Sin duda alguna que debatir sobre el tema del Estado es algo que puede conducirnos a discusiones bizantinas y no porque no estemos de acuerdo en qué fue primero el huevo o la gallina sino, sobre todo, si no se tienen las bases conceptuales y metodológicas difícilmente puede llegarse a grandes acuerdos.
En nuestros días existe una gran discusión y va en el sentido de suprimir al Estado para dar paso al mercado como forma de organización, control y vínculo entre dirigente y dirigidos. Mayor aberración no ha podido aparecer en el campo de la Ciencia Política pues queda claro que el Estado jamás podría dejar de ser y, por el contrario, pese a su cuestionable funcionamiento de alguna forma viene a dar los equilibrios dentro de las inequidades que aporta el mercado. Es decir, intentar organizar y regular a una sociedad bajo esquemas de oferta y demanda resulta, por donde se quiera ver, algo imposible de concebir e imposible también de sobrellevar.
En tan contexto surge el tema de la multicitada Reforma del Estado sobre la cual se han dado infinidad de contradicciones.
Y en nuestro país la historia es altamente recurrente. Desde hace ya varias décadas en México se ha hablado de la Reforma Política como una expresión fehaciente de lo que hoy se conoce como Reforma del Estado. Y sucede que con frecuencia aparecen en la escena los ocurrentes que están seguros y ciertos de que hablar de este importante proceso –de Reforma del Estado aclaro- significa dar una “manita de gato” de manera exclusiva al ámbito partidista, reformar el Artículo 41 Constitucional o cualquier precepto de su Ley Reglamentaria, la ahora Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales significa, para muchos, nada mas y nada menos que “reformar al Estado”.
Nunca antes ninguna ocurrencia pudiera haber sido tan atrevida y parca.
En efecto se mal entiende un proceso tan necesario en nuestros días, como lo es la Reforma del Estado, como una simple repasada al ámbito electoral olvidando la esencia de la relación Estado-ciudadano.
Me queda claro que en México reformar al Estado ha sido solamente prosa.
Los intentos de reformar al Estado en México, entonces, han resultados nada eficientes; siempre se ha dado importancia fundamental al tema político en el tratamiento de un proceso crucial como lo es el que ahora trato. Se pasa de lado que la reforma que el Estado Mexicano necesita y debe ir más allá de lo eminentemente político; debe llegar y afectar evidentemente el desgastado marco institucional de nuestro país.
Debe llegar al punto medular del conflicto toral de la propia Ciencia Política: la relación entre gobernantes y gobernados; en suma, la relación Estado-ciudadano desgastada en todo sentido, poco efectiva ya en nuestros días, sustancialmente difícil en la definición de los nuevos consensos.
La Reforma del Estado no es una tarea sencilla; contempla procesos y tiempos de la política y de los distintos actores políticos que en ocasiones son poco compatibles. Por ello mismo no puede pasar de lado. La Reforma del Estado es ya inevitable y no llevarla a cabo traerá consigo enormes costos pues lo que está en juego es la consolidación de la democracia, así como la defensa y el uso democrático de la Ley para garantizar el Estado de Derecho, la justicia social y, por ende, la tan pregonada justicia social y la resultante gobernabilidad.
Aunque es claro que ni la ley ni las instituciones pueden hacer milagros, como lo reconoce Sartori, también queda muy claro que no podamos tener buenos gobiernos sin buenos o adecuados instrumentos.
Esto deben entenderlo perfectamente bien quienes han diseñado los esquemas de Reforma del Estado en nuestro país. Deben entender, y reconocer, que la reforma de las instituciones políticas supone el cambio integral de las reglas del juego político, de modo que la democratización sea completa.
No hay otra forma, no hay otro camino.
Ahí están la realidad social y el lamento del pueblo, como el fiel testimonio y el llamado de alerta para no soslayar más este reacondicionamiento institucional. Es urgente concretar, ya, la transición política en una profunda Reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico diseñado para una realidad social ya rebasada. La alternancia no necesariamente es garantía, por sí misma, del establecimiento de un nuevo arreglo normativo, acorde con el espíritu democrático de los nuevos tiempos.
Y la experiencia histórica habla claro de ello.
El llamado es urgente pues es evidente, y más que claro que, como lo he dicho hasta en cansancio, la paciencia de los pueblos tiene límites, y para el caso de México, hoy por hoy no todas las instituciones están a la altura de lo que la sociedad realmente merece.♦
