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[192] LOS RETOS ACTUALES DE LA EDUCACION ANTE LA GLOBALIZACION
Parte III y última
Felipe Díaz Garibay
Semanario “Tribuna” de Sahuayo, Michoacán, México, domingo 9 de enero de 2011.
Decíamos en la última parte escrita sobre el tema motivo de esta serie, que en los tiempos actuales se hace mayor énfasis en la calidad educativa más que en la cobertura que pueda tener ésta al interior de las propias sociedades. Cierto que la calidad es la característica más deseable, pero algunos críticos ven este aspecto como clasista y sí muy dirigido, exclusivamente, a ciertos sectores capaces de responder a esa susodicha calidad. Calidad por encima de cobertura es, entonces la tendencia, en la mayoría de foros nacionales e internacionales y, decía yo, un “concepto estelar” del discurso sobre las políticas educativas contemporáneas.
Creo que bien podría jugarse con una mecánica educativa que conjugara ambas cosas, calidad y cobertura. Se ganaría más con ello.
Sin embargo es necesario considerar las recomendaciones de los organismos internacionales y la influencia que juegan éstos y los tratados en las políticas educativas de México, donde la formación profesional se menciona como una de las actividades que prevén los acuerdos en su vertiente de actividades de cooperación entre los países; lo realizado hasta ahora en esta materia ha sido muy escaso.
En los últimos años y ante los cambios en la estructura sectorial del empleo, del cambio tecnológico y la apertura comercial, un importante sector de la población ocupada se ha visto desplazada y ha tenido que actualizar o reencauzar su formación para poder reinsertarse en el mercado de trabajo. Este es un fenómeno nuevo que se suma al de la población con insuficientes o inadecuados niveles de calificación que no logran su acceso al empleo formal.
Era de esperarse y la tendencia va cada día en aumento en este sentido.
Ante esta situación, los programas de formación tradicional para el trabajo han requerido readecuarse y complementarse con otros, expresamente diseñados para impulsar la capacitación permanente en el trabajo, la capacitación a población desempleada que está en búsqueda activa de empleo, así como de otros grupos en desventaja.
Al mismo tiempo que se han desarrollado programas de capacitación específicos para atender estas distintas situaciones se ha impulsado, activamente, la instrumentación de un nuevo esquema de capacitación basado en competencias en el que la comunidad empresarial participa activamente, tanto en la definición de las competencias requeridas para el desarrollo de distintas actividades productivas, como en un esquema descentralizado para su acreditación.
La discusión acerca de los Tratados de Libre Comercio y el análisis de las políticas de reforma implementadas en las últimas décadas, que han contribuido a definir un escenario propicio para la comercialización de la educación, cobran sentido en el marco de la nueva estructura de poder internacional propia de la actual etapa de la llamada “reestructuración del capitalismo” en el contexto de la globalización neoliberal.
En la actualidad, el planeta está envuelto en una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros internacionales regionales y bilaterales, a diestra y siniestra, que han subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional, de los derechos humanos, las constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo nacional y las leyes laborales y sociales tendentes a mitigar las desigualdades y la exclusión.
Pero el avance es lento y paulatino al menos en los llamados términos de inclusión.
La aplicación de las cláusulas como “trato nacional” y “nación más favorecida”, que figuran en casi todos los Tratados de Libre Comercio, funciona como un sistema de vasos comunicantes, que permite a las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria y penetrar en los Estados, donde desintegran las economías nacionales y generan graves daños sociales.
La principal consecuencia de todo lo anterior es que, de acuerdo con el fundamentalismo neoliberal, se avanza en separar la actividad económica y la operación del mercado de toda exigencia e incidencia desde el ámbito de la democracia. De este modo, una vez que se han transformado en normas internacionales de obligatorio cumplimiento, la capacidad de los procesos políticos democráticos para modificarlas queda drásticamente reducida.
Las organizaciones comerciales internacionales, así como los acuerdos de libre comercio, no son nuevos. Varios de ellos datan de la posguerra. Lo que sí resulta novedoso de esta etapa es que en los mismos no sólo se regula el comercio de bienes, sino también el comercio de servicios, incluyendo entre estos últimos a la educación, así como la propiedad intelectual y las normas relativas a la inversión extranjera, por lo que se puede decir que más que tratados de libre comercio son tratados de libre mercado.
Y de ahí mismo, justo de este enfoque, resulta la preeminencia de la discusión sobre quien debe primar en las relaciones de producción, y las estructuración de las relaciones al interior de las propias sociedades, si el Estado o el Mercado.
En el plano internacional, la institución que regula la aplicación de aquéllas normas es la Organización Mundial del Comercio (OMC), que comenzó a funcionar en 1995, como resultado de las rondas comerciales celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT en inglés).
Entre los tratados a nivel regional, orientados por la misma lógica de libre mercado, podemos mencionar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Países de América Central y Estados Unidos.
La UNESCO, en el informe “Educación superior en una sociedad mundializada”11, señala que la inclusión del comercio de los servicios de educación superior es una realidad y no se modificará. Cada país puede determinar en qué medida permitirá que los proveedores extranjeros de servicios de educación tengan acceso al mercado interno. Sin embargo, el informe advierte que las inquietudes crecientes de la comunidad docente de todo el mundo tienen su origen en el hecho de que la OMC, organización cuyo objetivo es promover el comercio con fines de eficiencia económica, sin competencia en la esfera de la educación, puede influir negativamente en el desarrollo sostenible de la educación. Incorporar a la educación a la esfera del mercado, puede influir considerablemente en la capacidad del Estado para regular la educación superior desde la perspectiva de la política pública.
Ello resulta grave al menos si se quieren, de entrada, sociedades mas integradas e incluyentes.
A juicio personal las políticas educativas se han dejado influenciar por los dichosos tratados que de tratados tienen poco. Estos tratados se presentan como acuerdos entre iguales, pero en realidad son imposiciones de los países más desarrollados para que los países en desarrollo abran sus mercados a cambio de concesiones marginales en los suyos.
La situación se torna más delicada para países con jerarquías jurídicas tan específicas como la mexicana donde los Tratados se encuentran al nivel de las Leyes Federales mientras que para quienes los imponen o sugieren son meramente acuerdos que pueden romper cuando les dé la gana.
Podemos decir, entonces, que la educación ha sido victima de los tratados. A partir del momento en que la educación debe servir, sobre todo, para formar recursos humanos cualificados y flexibles de los que necesitan las empresas, la lógica mercantil y financiera del capital privado no ha tardado en imponerse, cada vez más directa, en la definición de la finalidad y las prioridades de la educación”.
Diversas son las trampas que hoy enfrentan nuestros sistemas educativos a partir de los procesos de reforma de las últimas décadas y la inclusión de la educación como servicio en los Tratados de Libre Comercio. Por una lado, la redefinición de la noción de educación pública y de la educación como bien público.
Algunas autoridades han declarado que la educación publica estaría protegida por servicios ofrecidos bajo “autoridad gubernamental”. La realidad es que no existe ningún sistema educativo público que no ofrezca algunos servicios sobre la base de pago o en competencia con un proveedor de educación privada.
Desde la perspectiva de los Tratados de Libre Comercio, la educación no puede ser considerada como derecho de ciudadanía, como está consagrada en nuestra Carta Magna en su Artículo 3º. No hay que olvidar que el propósito principal de la Organización Mundial del Comercio es que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad; en este sentido yo me pregunto ¿dónde queda entonces el que los ciudadanos vivan mejor?
Por otro lado, tras la idea de movilidad y libertad de los estudiantes para elegir su educación, lo que se está discutiendo es la libertad de vender: a partir de dar por sentada la mercantilización del fenómeno educativo, discuten quién va a vender educación en el mercado mundial y bajo qué regulaciones podrá hacerlo.
Así entonces los multicitados valores ligados a la educación y la formación de ciudadanía, que debe ser al final de cuentas uno de los objetivos fundamentales de todo sistema educativo quedan, definitivamente, totalmente fuera del horizonte del mercado.
Así una sociedad, cualquiera que ésta sea, y sobre todo las inmersas en economías débiles, no tienen en lo absoluto ningún horizonte promisorio.♦
