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[185] LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
Parte I
Felipe Díaz Garibay
Semanario "Tribuna" de Sahuayo, Michoacán, México, domingo 25 de julio de 2010.
Parece natural que el sistema de partidos ha tenido y tiene influencia decisiva tanto en la estructura como en el funcionamiento de la Administración Pública sobre todo en aquéllos sistemas de partido único o de partido dominante donde el “sistema de partidos” es utilizado con un afán desmedido de poder, como suele suceder en México.
En términos generales lo que sucede es muy sencillo: en los sistemas que se dicen democráticos y además multipartidistas, la preeminencia de los partidos políticos en el funcionamiento de la Administración Pública ha conducido al denominado "sistema de botín", según el cuál el partido político triunfante en las elecciones toma posesión de los diversos cargos y posiciones administrativas desplazando a funcionarios de partidos perdedores e incluso de mismo partido si no son afines a ciertos grupos; esto ha provocado un alto grado de ineficiencia administrativa por la lógica inestabilidad de los cuadros; países como México están un poco peor, pues el movimiento descrito se da incluso en el seno de un mismo partido político donde, aunque con una misma "línea", se siguen diferentes direcciones, un tanto se hace honor a las condiciones presupuestas en la teoría del realismo político, ¿los resultados?, imaginémoslos.
En muchos regímenes democráticos del mundo, especial referencia se ha hecho respecto del papel de los partidos políticos con relación a la corrupción administrativa; lo bueno e interesante del asunto es que precisamente éstos han sido, muchas veces, agentes directos o indirectos de corrupción.
En efecto, en muchos países se ha generalizado la práctica de las "Comisiones para el partido" como consecuencia de la gestión de los asuntos públicos, lo cual ha traído como efecto el establecimiento de una especie de contribución al partido que controla el gobierno, con ocasión de contratos de obras públicas o de suministros. Aún cuando esta práctica es tan delictiva como las comisiones pagadas a gestores particulares con perjuicio para la Administración, la práctica política ha tendido a no condenarla por ser un medio de supervivencia económica de los partidos o de financiamiento; por ejemplo, de campañas electorales.
Sucede con frecuencia que, a través de los grupos que operan al interior de los propios partidos, funcionarios y servidores públicos de altos niveles otorgan fuertes dádivas a éstos con el objeto de proyectar nombre y figuras a futuras candidaturas; ellos mismos hacen aparecen a los prospectos (as) a determinados cargos de elección popular como los “salvavidas” que resuelven gestiones, abonan favores, realizan donaciones altamente altruistas, etc., pero todo con recursos públicos de tal manera que llegada la movilización electoral, sus nombres están ya posicionados; todo es cuestión de ser los favoritos de determinado funcionario e inicia la fuga de fondos, y la malversación de dineros públicos. Los partidos políticos han actuado, así, como agentes directos de la corrupción administrativa.
Pero en otras ocasiones los partidos han servido como agentes indirectos de la corrupción al no sancionar o hacer que se sancione a aquéllos que atentan contra la cosa pública cualquiera que sea.
Los partidos, al proteger a sus funcionarios, irresponsables o deshonestos, han hecho perder la credibilidad en ellos, incluso de sus mismas bases. Por otra parte, la práctica incontrolada del financiamiento de las campañas políticas de los partidos mediante la recepción de aportes económicos de empresas y particulares, trae consigo el desarrollo del sistema de contraprestación a quienes han contribuido mediante el otorgamiento de privilegios, favores o contratos públicos particularmente beneficiosos, todo con la anuencia de los partidos aún en lo más inimaginable.
Decir que una institución es corrupta no significa que se dedique a la extorsión o a las famosas “mordidas”; significa, también, que está dispuesta a torcer procedimientos, cambiar disposiciones y encubrir a otros corruptos si con ello llega a obtener después una ganancia.
Señalar a los partidos políticos como las instituciones más corruptas en un país corrupto quiere decir, por una parte, que la ciudadanía está claramente consciente de que la lucha electoral dista mucho de ser realmente limpia ya que todos los partidos están dispuestos, hasta donde pueden, a realizar cuantas chicanas y enjuagues les sean posibles.
Historias van, historias vienen, pero por otra parte, quiere decir que la ciudadanía ve con seria desconfianza al proceso legislativo y, en consecuencia, que tiene muy serias dudas de que las leyes que llegan a promulgarse hayan sido hechas pensando en el beneficio colectivo y no en las ventajas y privilegios partidistas.
Si alguien opina en contrario, cuando quiera y como quiera podemos intentar ponernos de acuerdo en este punto.
Ambos factores desembocan en un punto inevitable: la gente no tiene confianza alguna en sus partidos.
Para el caso concreto de México, país con una especial conceptualización del partidismo, el hecho plantea un problema grave: ¿qué podemos hacer para limpiar a los partidos y quitarles lo corrupto? ¿no sería bueno empezar por quitarles el presupuesto que tan generosamente les otorga el IFE? Digo: si no sirven y no aportan nada a la democracia y menos aún en la relación Estado-Ciudadano, entonces ¿por qué patrocinarlos? (Continuará).♦
