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[156] A PROPOSITO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

 

Parte III

 

Felipe Díaz Garibay

 

Semanario "Tribuna" de Sahuayo, Michoacán, México, domingo 15 de noviembre de 2009.

 

 

 

Dos décadas antes de su desaparición, el Instituto Nacional Indigenista se encontraba inmerso ya en una fuerte crisis que cuestionaba su existencia. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no hizo sino hacer aún más patente la crisis del organismo; se dieron varios cambios de director dentro del mismo Instituto, por él pasaron directores de origen indígena pero no siempre con el respaldo legítimo del sector indígena.

 

Las políticas, reglamentos, y modelo institucional hacían del Instituto Nacional Indigenista una institución obsoleta 54 años después de su creación y después de décadas de crisis, finalmente en mayo de 2003 se reformó el Instituto convirtiéndose en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que tiene entre sus funciones:

 

  • Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal y municipal;
  • Ser interlocutora entre los pueblos y comunidades indígenas y los sectores social y privado;
  • Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2º de la Constitución;
  • Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades;
  • Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas;
  • Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades;
  • Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;
  • Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas, y
  • Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas.

 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su gestación, asiste a un momento histórico caracterizado por la necesidad de contar con una institución que bien debe considerar el sentir de los pueblos indígenas de México; en su nacimiento se formula como una institución de “promoción al desarrollo” con lo profundo y complejo del término y es por esta importante razón, que a seis años de su creación, el Gobierno de México bien se ha preocupado por no mantener dentro de este organismo esa visión de una política asistencialista que se gestiona de arriba hacia abajo y que poco favorece el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y la reconstitución de los mismos tal y como queda manifiesto en las fracciones II y VII del artículo 2º de la Ley que crea esta institución.

 

Las políticas públicas encaminadas a la atención de los pueblos indígenas llevan consigo el enorme reto de convertirse en el camino para la reconstitución de los pueblos indígenas de México después de décadas de tutelaje gubernamental; por ello, enorme es el reto que enfrenta el Gobierno de México en la atención a la problemática de los Pueblos Indígenas en momentos en que el movimiento indígena de México y América entera tiene muy claro que el llamado “Encuentro de Dos Mundos” en nada mejoró su condición humana y que éste constituyó solamente un instrumento de dominio y de implantación de hegemonías, de control y de reparto del mundo.

 

Hay quienes argumentan que entre el discurso y la práctica de las políticas públicas hay un gran abismo. Por un lado, se reconoce la necesidad de un diálogo, y por otro, se plantean actividades gubernamentales unilaterales ajenas al diálogo que nada tienen que ver con el mismo, sucede en todos lados, en cualquier parte del mundo y desde luego en México donde con frecuencia se pretende cubrir las apariencias y, como se dice, “tapar el sol con un dedo”.

 

Además de todo ello, se insiste en las estrategias comunes con los gobiernos estatales para mejorar el nivel de vida de la población indígena, sin tomar en cuenta la consulta, participación y reconocimiento de los pueblos indígenas.

 

Sin embargo, preciso es dejar claro que  desde el Poder Legislativo, donde las agendas no las define precisamente el sentir popular, se pretendió construir el camino con la asistencia de todas las posiciones ideológicas manifiestas en la vida parlamentaria; aunque en momentos parecía apreciarse una mejoría en el discurso y parecía que existía una preocupación de que éste se tradujera en un efectivo respeto por la diversidad indígena, las cosas no fueron del todo halagadoras.  Desde luego hay quienes, desde ahí, se oponen a que el país mejore en muchos aspectos.

 

Y es el caso de los pueblos indígenas donde el reconocimiento de éstos, como integrantes en la conformación de nuestro país, fue más bien tardío. Tuvieron que pasar 171 años de vida independiente para que nuestra Constitución hiciera la tímida mención expresa de que a México lo conformaban también pueblos indígenas. No obstante que los pueblos indígenas eran parte del sector más desposeído durante la etapa del México independiente esa situación no cambió tras la declaración de independencia, aún cuando los mismos fueron actores indispensables en la consolidación de esta lucha. (Continuará).♦