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[137] EL MEXICO QUE ESTA PENDIENTE

 

Parte II

 

Felipe Díaz Garibay

 

Semanario "Vox Populi" de Sahuayo, Michoacán, México, domingo 27 de enero de 2008.

 

 

Indiscutiblemente, una de las reformas mas politizadas, mas satanizadas, mas “partidizadas” y también mas necesarias y sobre la que versan múltiples intereses contrapuestos unos y no muy de acuerdo otros, es la energética.

 

La necesidad de dar vigor a este importante sector, y hacerlo realmente competitivo y generador de desarrollo, ha sido confundida nada más y nada menos que con el propio concepto de soberanía. Las viejas teorías de la soberanía territorial pasan ahora muy por encima de la posibilidad de defender las dignidades humanas a través de un esquema social capaz de garantizar mejores condiciones de vida. Atrás quedaron los sentimientos que dan origen a las grandes ideas libertarias, atrás quedó aquélla vieja ilusión del pensador francés de 1789, germen de tanto movimiento libertario, atrás ya aquello de que “la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado”.

 

Un pueblo es soberano en la medida en que es libre, porque donde hay libertad no hace falta pedir justicia y donde existe justicia, por ende, no hace falta pedir libertad; luego entonces un pueblo que se debate en la pobreza absoluta, en la desigualdad como sistema de vida, un pueblo que carece de expectativas, oportunidades y posibilidades de resolver sus realidades incisivas, ¿puede ser soberano?

 

La posibilidad de crecer y desarrollarse en nuestros tiempos bien va de la mano con la posibilidad de diseñar el futuro en el futuro mismo, de ser consecuentes con una visión prospectiva que nos permita saber y darnos cuenta donde estamos y a donde queremos llegar. El sector energético es determinante en el logro de esta posibilidad y otras más. Más aún para nuestro país.

 

 

b). La reforma energética.

 

En los últimos días el debate sobre la reforma energética, eléctrica y petrolera principalmente, se reavivó porque se han removido ciertos “candados”, como si siempre se  hubiera hecho caso a sus status y objetivos, que importantes sectores políticos del país se habían impuesto en materia energética.

 

Muchos están de acuerdo no sólo en permitir inversión privada en el sector energético, que de hecho ya existe, sino incluso una hipotética privatización. Obviamente no faltó el espíritu de Juan Escutia que, ante la llegada de los primeros argumentos en torno a la privatización, se han envuelto en la bandera y se han arrojado al vacío, afirmando que ya los “vende patrias” están de vuelta o que, de plano, nunca se habían ido y que no permitirán, bajo ninguna circunstancia, que se entregue el patrimonio de todos los mexicanos (¿?) a los extranjeros y que, desde luego, no permitirán que se vulnere nuestra soberanía (¿¿??).

 

De entrada yo me formulo una sola pregunta: ¿Son en verdad los energéticos, el petróleo y la electricidad, propiedad de todos los mexicanos? Marcó 1938 el punto central que define el antes y el después en la historia no tanto de México sino de todos los mexicanos?

 

Quienes no lo saben o no quieren saberlo, la reforma del sector energético responde a varias necesidades, todas ellas estratégicas y que se apoyan recíprocamente: liberar recursos públicos para que el Estado pueda atender otras funciones sociales intransferibles, proveer de fluido eléctrico y de energéticos a la planta productiva nacional a precios competitivos, mejoría de los servicios y abatimiento del desperdicio y crear reservas de capacidad productiva para evitar insuficiencias de provisión o de suministro. Hasta aquí algunos puntos.

 

Y algo más alarmante aún: los pronósticos al respecto son impresionantes. A fin de poder atender la demanda de energía eléctrica que se estima hacia el año 2025, se requerirá sólo para la construcción de nuevas centrales y de los sistemas de transmisión una inversión de aproximadamente 135 mil millones de dólares, o sea un promedio de casi 6 mil millones por año.

 

El dato es preocupante si se toma en consideración que de 2002 a la fecha el gasto promedio en inversión pública se estima aproximadamente en 14 mil millones de dólares sin incluir ese rubro.

 

De no lograrse esta reforma le espera a México un futuro de insumos energéticos caros, insuficientes de baja calidad y probablemente con apagones intermitentes. Todo ello es nocivo para la productividad y la competitividad de la planta productiva, y por tanto para el empleo y el desarrollo.

 

¿Podrá el concepto torcido de soberanía que muchos patrioteros defienden con singular ahínco detener este vendabal que hará más cruentas las desigualdades y ahogará toda posibilidad de tener un México distinto? (Continuará)